La trama que negocia la violencia es la historia de la implantación de un modelo empresarial que tiene como telón de fondo el control ciudadano, en connivencia con las estructuras del Estado. Empleados salidos de la policía, el ejército, grupos de personas ideológicamente cercanos a la extrema derecha, lumpen de gimnasio; todos dirigidos por cabezas cuyo fin es privatizar la seguridad en estados como el nuestro, en el que se ve con buenos ojos la intervención de las empresas en todos los ámbitos: menos estado en la sanidad, en la educación, en la cultura y, ¡claro!, en los servicios de seguridad. En esta nueva lógica será protegido aquello que los particulares puedan pagar y aquello que no lleve aparejado una "pequeña cuota mensual" será dejado a su suerte, es decir, a un servicio cada vez más magro y residual de lo que otrora fue llamado seguridad estatal. ¿Es exagerado lo apuntado?, paséense por ciertas urbanizaciones, miren, en muchos lugares, la aglomeración de cámaras de vigilancia, y no me refiero a las del control de tráfico o las colocadas por los diferentes organismos oficiales. Todo lo señalado crea un sentimiento de inseguridad y de duda sobre aquello tantas veces apuntado de la "seguridad para todos"..., pero si pagas cuota estarás más seguro. De cualquier modo, sea en lo privado o en lo público, uno asiste con estupefacción al desarrollo de toda una filosofía de mercado: le vendemos seguridad a buen precio y, de paso, le quitamos de enmedio tanta engorrosa libertad, sobre todo la que despliegan los incómodos, protestones, ciudadanos sin más, ahora conocidos como gentes antisistema.
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